Nuevas pruebas implicarían a la familia de la esposa de Mauricio Macri con la trata de personas

La fundación La Alameda denunció a un taller clandestino que confeccionaba prendas para la marca Cheeky, perteneciente a la familia de Juliana Awada. Un integrante de la ONG logró infiltrarse dentro del taller y con una cámara oculta visibilizó las condiciones de explotación, hacinamiento y encierro en la que viven 13 trabajadores bolivianos. Por El Caminante para ANRed

El incremento en los últimos años de la explotación de personas en el rubro textil, dentro y fuera de la ciudad de buenos Aires, abruma pero no sorprende. Y esto es porque muchos de ellos estarían directamente relacionados con allegados al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. En este caso, se descubrió la existencia de un taller clandestino en el barrio de Mataderos, que hace tres años que trabaja exclusivamente para la empresa CHEEK S.A dirigida por Juliana Awada.

Un militante de la fundación logró ofrecer su fuerza de trabajo e ingresar al taller ubicado en la calle Hubac 5673. En el lugar estaban siendo superexplotados 13 costureros de origen boliviano, varios de ellos se encontraban en situación migratoria irregular y realizaban extensas jornadas de 7 a 22 hs por la suma de $ 1800. Los empleados también tenían que vivir dentro del taller y según declaraciones de La Alameda, los trabajadores estaban siempre encerrados y sólo podían salir a la calle con un permiso previo del capataz y dejando sus pertenencias como garantía para que no se escaparan. “El propio costurero que hizo la cámara oculta tuvo que dejar su bolso para poder salir con la excusa de buscar una farmacia”, informó un comunicado de la organización. Los obreros vivían en una situación de hacinamiento, en cuartos muy pequeños con camas cuchetas, allí mismo comían porque no tenían mesas y sillas. “La instalación eléctrica es precaria, con riesgo de incendio y los costureros aspiran polvillo de la tela todo el tiempo”, comentó el infiltrado de la fundación. Todos compartían un baño muy precario y los niños de los costureros dormían en las piezas y padecían la situación de encierro.
Mediante imágenes con la cámara oculta, el trabajador camuflado alcanzó a enfocar las etiquetas que llevaban las prendas que confeccionaban en el taller irregular. “Logramos comprobar que trabajaban con la empresa Cheeky porque utilizaban las etiquetas de la marca y no eran truchas”. Luego de la acusación presentada por la organización, la firma CHEEK S.A presentó el siguiente comunicado: “Respecto de la denuncia realizada por La Alameda el día 11 de julio, CHEEK S.A informa que la empresa, de acuerdo a su procedimiento habitual, ha resuelto suspender inmediatamente la relación comercial con este taller hasta tanto se esclarezca su situación”. Sin embargo el vicepresidente y abogado de la Alameda, Mario Ganora, explicó que la ley de trabajo a domicilio establece que los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a domicilio son responsables solidariamente del pago de los salarios fijados, de los accidentes del trabajo y de las condiciones en que éste se realice. Por lo tanto desde el punto de vista penal habría una complicidad de estos delitos que está contemplada en los artículos 45 y 46 del Código Penal.
Juliana Awada también intentó desligarse, pero en éste caso de la empresa familiar Cheeky, sosteniendo que nunca tuvo relación alguna con la marca.

 Mediante una carta a documento instó a La Alameda “que en un plazo de 24 horas rectifiquen la información vertida y se abstengan de continuar con tales manifestaciones bajo apercibimiento de realizar las acciones civiles y criminales correspondientes”. Sin embargo Juliana Awada no emitió quejas cuando la periodista Any Ventura la presento, en una entrevista publicada en la revista La Nación en abril de este año, como la dueña de las marcas: Como quieres que te quiera, Awada y Cheeky.
Aunque tanto CHEEK S.A como Juliana Awada intenten despegarse de las responsabilidades legales, las pruebas presentadas por La Alameda visibilizan la conexión que ambos tendrían con este taller clandestino. La denuncia recayó en manos del juez federal Sergio Torres, quien ya tiene antecedentes en un caso similar e hizo cumplir la ley de trabajo a domicilio condenando a todos los implicados.